Agenda bilateral Estados Unidos-Bolivia. Coca, cocaína y lucha contra el narcotráfico en Bolivia

Por María de los Ángeles Lasa

Erradicacion_cultivos_cocaPreliminares

La producción de la coca tiene una historia larga y compleja en Bolivia. Originalmente era cultivada para consumo tradicional de los campesinos de las mesetas. Pero a partir de las décadas de 1960 y 1970, y en grado considerable, la producción de la coca-cocaína se transformó en una actividad central de la economía de dos regiones en particular: Yungas y Chapare[1] (Yacaní y Apolo son dos zonas de menor importancia).

Con el transcurso de los años, y transformándose Bolivia en un centro de producción de cocaína de importancia global, la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (ONUDD) –en el marco de su Programa de Monitoreo de cultivos Ilícitos–, comenzó a coordinar desde 2003 junto al Gobierno de Bolivia[2], la elaboración de un reporte para cuantificar el cultivo de coca, los precios y otros temas relacionados en el país andino.

De los informes de los años 2005, 2006 y 2007, hemos extraído algunos datos relevantes a los efectos de explicar, con posterioridad, la relación Estados Unidos-Bolivia en relación al narcotráfico. Los datos seleccionados, se resumen en la tabla que a continuación se ofrece al lector. Es importante destacar que las cifras de la primera columna, incluyen las 12.000 hectáreas permitidas por la Ley 1008 (Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 1988) para usos tradicionales como masticación de la hoja, medicinas y mate de coca.

cuadro lasaAún sin detenerse demasiado en hacer un análisis pormenorizado de las cifras proporcionadas, es evidente que se registra un ascenso marcado entre los años 1995-2000 de la cantidad de hectáreas cultivadas y de la cantidad de cocaína producida, lo que indica, ciertamente, una correlación entre ambas. Igualmente, en el mismo período, se advierte que la cantidad de hectáreas erradicadas es alta, aunque a partir de 2005 se registra un progresivo descenso en las mismas. Como el lector podrá imaginar ya, estos datos son el fiel reflejo de la política que los Estados Unidos ha llevado, y lleva adelante, en el país andino. De este punto, nos ocuparemos a continuación.

Narcotráfico: el “punto” problemático de la agenda bilateral

Entre 1980 y 1986, Bolivia vivió el boom de la producción de cocaína. De acuerdo a estadísticas oficiales, el narcotráfico representaba entonces entre el 50 y el 60% de la economía informal, empleaba a más de 350 mil personas (aún hoy lo hace), y las exportaciones de cocaína superaban a las exportaciones de gas y estaño, representando el 6% del PBI. Igualmente, y como es de esperar, el narcotráfico alimentaba la corrupción, y esto terminó por permear a varios sectores políticos-institucionales del Estado.

Ante esta situación, y considerando que el 25% de la cocaína que consumen los norteamericanos proviene de Bolivia, Estados Unidos elaboró en 1987 (en la segunda administración Reagan), un Plan de Desarrollo Alternativo orientado a la sustitución de cultivos y a las acciones de interdicción. Esta última actividad se centralizó en el Comando de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), a través del Decreto Nº 21.666 del 24 de julio de 1987. Meses antes (el 24 de febrero de 1987), Bolivia había firmado con los Estados Unidos un Convenio de Programa Antinarcóticos, –que fue ampliado y enmendado el 23 de diciembre de 1988 y el 9 de mayo de 1990–, y en julio de 1988 se aprobó la Ley 1008 sobre el Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, que autorizaba el cultivo de 12.000 hectáreas primeramente en Yungas para usos tradicionales como masticación de la hoja, medicinas y mate de coca (como ya ha sido referido).

Las medidas encabezadas por los Estados Unidos, supusieron una militarización de la lucha contra el narcotráfico, que encontraron resistencia en diciembre de 1995. En marzo del siguiente año, sin embargo, el gobierno boliviano instaló un Batallón de Infantería en la región del Chapare, presuntamente, porque ante la negativa, Estados Unidos se negó a financiar un plan de erradicación, reduciendo la ayuda a Bolivia a US$ 80 millones. Dos años después, en 1997, el entonces presidente Hugo Bánzer Suárez, designó como Secretario de Defensa Social al Coronel Guillermo Canedo Patiño, que puso en marcha el llamado Plan Dignidad que eliminó de manera sistemática más de 30.000 hectáreas en dos años en la región del Chapare (las cifras en la tabla precedente así lo confirman).

En esencia, la política de Estados Unidos en Bolivia ha consistido en erradicar y reemplazar cultivos a partir del accionar de las Fuerzas Armadas. Pero esta política, evidentemente, no ha funcionado. Ya, en el gobierno de Mesa (2003-2005), la tendencia de los cultivos de coca a aumentar se hizo evidente, y anteriormente, en septiembre de 2000, se produjeron revueltas en el Chapare porque los cocaleros, a los cuales se les obligo a trabajar en cultivos legales, advirtieron que no sólo no iban a obtener las mismas ganancias, sino que también nadie compraría sus nuevos productos. Como muestras de fracaso, igualmente, es importante mencionar que en marzo de 1995, el ex comandante de la Armada boliviana, Almirante Miguel Álvarez, junto a otros diez oficiales y cuatro civiles, fueron detenidos bajo cargos de narcotráfico.

En el marco de la evidente crisis de esta política antinarcóticos, asumió en 2006 Evo Morales, un reconocido dirigente cocalero de su país. Con una retórica “antiimperialista” y encabezando un gobierno de “izquierda”, la política antinarcóticos de Morales ha cambiado significativamente, y podría resumirse en la frase “cero cocaína, pero no cero coca”. Esta política, según los Estados Unidos, favorece la industrialización de la cocaína y propicia políticas que ambicionan incrementar el cultivo legal de la coca de 12.000 a 20.000 hectáreas, un cambio que violaría la ley boliviana y la Convención de las Naciones Unidas contra la Droga de 1988, y de la cual Bolivia es parte.

Igualmente, Estados Unidos ha señalado en el International Narcotics Control Strategy Report de marzo de 2008, que el gobierno del MAS, ha basado la erradicación de la coca en la “erradicación voluntaria” y en políticas sociales, y no, por el contrario, en la erradicación forzada. Como se advierte, la política de erradicar y reemplazar, sigue siendo la propuesta por los Estados Unidos (si bien se han abierto muchos interrogantes respecto de la política que planteará la nueva administración demócrata), y actualmente, es reforzada por otros programas alternativos.

Dentro de estos programas, probablemente, el más importante es el Integrated Alternative Development (IAD), implementado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés). El programa IAD brinda soporte al programa de erradicación voluntario que lleva adelante el Gobierno de Bolivia, pero su objetivo principal es ayudar a diversificar las economías regionales bolivianas dependientes de la coca, a través del cultivo de productos agrarios y la construcción de infraestructura para que dichos productos ingresen a los mercados. En esencia, pues, el IAD persigue afianzar la política de erradicar y reemplazar, política que entra en lógica tensión con la estrategia de Morales.

Esta tensión, se ha hecho evidente el 28 de febrero de 2009. Pocas horas después de la publicación del informe anual sobre drogas publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Cancillería boliviana señaló que dicho documento “conserva todavía la tozuda miopía de la burocracia antinarcóticos de la administración del señor George W. Bush” y es “arbitrario”[3]. En dicho informe, Estados Unidos le recomendaba revertir a Bolivia su política de expansión de los cultivos legales de la coca, al tiempo que sugería poner mayor empeño en acabar con el mercado ilegal y estrechar lazos de cooperación con los países vecinos. Igualmente, en las letras del informe, se denunciaba que el gobierno encabezado por Morales continuaba con la promoción de su política “cero cocaína, pero no cero coca” y apoyaba la industrialización de la hoja de coca. Estos dichos del Gobierno boliviano, se sumaron a los que hiciera Morales el jueves 6 de noviembre de 2008, oportunidad en que acusó a la DEA (Drugs Enforcement Agency) de no respetar a la policía ni a las Fuerzas Armadas de Bolivia, y de fomentar el narcotráfico (en vez de luchar contra él).

Hemos de señalar que las primeras acusaciones nos resultan, por lo pronto, llamativas. En el informe publicado en marzo de 2008 por el Departamento de Estado norteamericano (cfr. la bibliografía para acceder a él), se señalaba:

President Evo Morales continued to promote his policy of “zero cocaine but not zero coca” and pushed for industrialization of coca. His administration continues to pursue policies that will increase legal coca cultivation from 12,000 to 20,000 hectares—a change that would violate current Bolivian law and the 1988 UN Drug Convention, to which Bolivia is a party.

Como se advierte, las acusaciones de Estados Unidos en 2008 no difieren sustancialmente de las acusaciones de 2009, razón que hace pensar que el informe del Departamento de Estado tomó una relevancia especial en el marco de un conflicto político-diplomático entre Estados Unidos y Bolivia que tuvo su origen en el mes de septiembre de 2008.

Recientemente, el pasado 25 de mayo, La Paz (a través de su Ministro de Gobierno, Alfredo Rada) y Washington (con una Delegación de Alto Gobierno encabezada por Thomas Shannon) acordaron encarar la lucha contra el narcotráfico como una responsabilidad compartida, y “dejando de lado” –en palabras de Alfredo Rada– los términos de cooperación con los que hasta ahora se manejaba el asunto. Asimismo, en el marco de esta reunión, Rada ratificó la determinación soberana del Estado boliviano de nacionalizar la lucha antidroga y anunció que no se permitirá el ingreso de la DEA al país andino.

Cómo encarará Bolivia la lucha contra las drogas, será un asunto crucial para el futuro de la región y el mundo, si consideramos que gran parte de lo producido en Bolivia tiene como destino Estados Unidos y Europa. Será por esta razón, tal vez, que el 21 de mayo próximo pasado, el embajador de Gran Bretaña y representante de la Unión Europea en Bolivia, Nigel Baker, manifestó su enorme preocupación por los informes de las Naciones Unidas y el Departamento de Estado norteamericano.

Por el momento, la comunidad internacional queda a la espera de los resultados de un estudio que ordenó el Gobierno boliviano para realizar un relevamiento de los consumidores de hoja de coca a nivel nacional. Con estos resultados en mano (que estarán disponibles, todo lo indica, para el primer semestre del año entrante), la administración de Morales evaluará si las 12.000 hectáreas autorizadas por la Ley 1008 de 1988, son suficientes para los consumidores de su país o, si por el contrario, es preciso elevar el área cultivable a 20.000 hectáreas.


[1] Cfr. mapa N° 1 (sección Anexos).

[2] El Gobierno de Bolivia y la ONUDD iniciaron el proyecto Sistema de Manejo del Uso de Suelos y Monitoreo en los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba en octubre de 2001. En principio, el proyecto concentró sus actividades solamente en los Yungas de La Paz, pero a partir de 2003 ha extendido su alcance para incluir la provisión de datos de cultivo de coca a nivel nacional.

[3] Cfr. Bolivia rechaza el informe anual sobre drogas de EE.UU. por ser <<arbitrario>>, ABC online, http://www.abc.es/20090228/internacional-iberoamerica/bolivia-rechaza-informe-anual-200902280

211.html, consultado el día 22 de mayo de 2009.

Anexo

mapa lasa

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Aa. Vv. Bolivia. Monitoreo de cultivos de Coca 2006, Oficina contra la Droga y el Delito (Naciones Unidas) y Gobierno de Bolivia, junio de 2007. En http://www.unodc.org/pdf/research/icmp/bolivia_2006_sp_web.pdf

Aa. Vv. Cultivos de Coca en la región andina. Un monitoreo de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, Oficina contra la Droga y el Delito (Naciones Unidas) y Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, junio de 2007. En http://www.unodc.org/pdf/research/icmp/Regional_Overview_spanish2.pdf

Aa. Vv. International Narcotics Control Strategy Report, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State, march 2008. En http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2008/vol1/html/100776.htm

Aa. Vv. World Drug Report 2008 (section 1.3: Coca/Cocaine market), United Nations Office on Drugs and Crime. En http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2008.html

Eissa, Sergio. Lucha contra el narcotráfico y su impacto en América Latina, CAEI, Bs. As., octubre de 2005. En http://www.caei.com.ar/es/programas/eeuu/02.pdf